El pasado 9 de noviembre de 2010, la publicación ADN presenta el siguiente comentario dentro del articulo Las “otras” víctimas del terrorismo;
“Por otro lado, la solicitud del cooperante Albert Vilalta abre un debate sobre la conveniencia de que el Estado deba indemnizar a personas que, conscientemente, viajan a zonas de riesgo y que después sufren un atentado terrorista.
Sobre este punto, José Manuel Rodríguez Uribes deja claro que el papel del Ministerio del Interior no es hacer “juicios morales” sino jurídicos.
Pese a ello, el director general de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo ha apelado a las responsabilidad de los ciudadanos que, en ocasiones, realizan viajes de placer a zonas de riesgo.”
Ante este tipo de comentarios se plantean diversas preguntas de índole ético y moral nada despreciables.
En primer lugar, las personas que viajan a zonas de conflicto con fines humanitarios son voluntarios o cooperantes que son conscientes del riesgo, pero que lo asumen por que la contraprestación de ayudar al prójimo es mas fuerte, estas personas son civiles que no participan en el conflicto, sino que intentan minimizar los daños colaterales que producen los enfrentamientos en los habitantes de dicha zona, normalmente además, personas de recursos limitados o nulos.
En segundo lugar, comentar que no son viajes de placer, en el caso de Vilalta, pero si lo fuera, no podemos olvidar que hay conflictos o zonas hostiles en casi todos los destinos que podamos imaginar, ser víctima del terrorismo no es una opción, ni un destino turístico, es un suceso que puede costarte la vida y al cual nadie se expone voluntariamente.
Por tanto, para mi humilde opinión creo que se han de considerar víctimas del terrorismo a todas las víctimas del mismo y no hacer consideraciones acerca de las motivaciones que llevaron a la víctima a estar en este lugar, he de añadir que me baso siempre en la presunción de una víctima civil, tal y como la define la Convención de Ginebra.
Hasta aquí mi lógica que choca con la opinión de los propias ONGs, en una notica del 4 de noviembre leo; La Coordinadora de ONG de Desarrollo dice que el debate está “muy abierto” sobre “hasta qué punto el Estado debe proteger al cooperante”
“El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas ONG, Rafael Jariod, dice que no está “nada claro” que el voluntario de Acción Solidaria secuestrado y liberado en Mauritania Albert Vilalta deba recibir una indemnización del Gobierno de España en calidad de víctima del terrorismo, ya que “no está al mismo plano” que quienes se han visto sorprendidos por ejemplo, por un atentado.
En declaraciones a Europa Press, Jariod ha señalado que cada voluntario “es responsable de sus actos” y se desplaza a países en conflicto a sabiendas de “lo que arriesga”, por lo que habría que “pensar muy mucho” si el Gobierno de España debe después, hacerse responsable de indemnizarle, aunque ha reconocido que “es difícil decir sí o no”.
Y como final a este articulo, solo me resta decir; si, ¿el voluntario o cooperante sabe donde va?, ¿esta preparado y es realmente consciente de lo que arriesga? ¿No es la indemnización una manera de reconocer la labor y con el apoyo económico a las familias una manera de hacer a los gobiernos consecuentes con sus actos y sus apoyos directos o indirectos a los conflictos ?
Autora: Carmen Rodriguez
